La voluntad popular con la que más de la mitad de los ecuatorianos votaron a favor de detener la explotación petrolera en una de las zonas más biodiversas sigue sin cumplirse
Autor : Ana Cristina Basantes
Más de la mitad del Ecuador alzó la voz y dijo “sí” para detener la explotación petrolera en uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta por kilómetro cuadrado: el Parque Nacional Yasuní. El referéndum de agosto de 2023 logró un hito: mantener indefinidamente bajo tierra el crudo del bloque 43. Parecía que esta reserva, hogar de la nacionalidad indígena Waorani y de los pueblos en aislamiento voluntario, al fin estaba protegida. Pero dos años después, ese camino aún está lejos de cumplirse.
Cuando recibieron la noticia, los Waorani no podían creer este logro. “Fue un orgullo, lloramos. Todo el Ecuador se sumó a nuestra causa, fue una lucha que venía de mucho tiempo por nosotros y por los hermanos Tagaeri y Taromenane”, recuerda emocionada Dayuma Nango, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE). Nango cuenta que recorrieron todos los pueblos y viajaron a las principales ciudades para que las personas comprendan cómo el petróleo contamina sus territorios.
A dos años de la votación histórica, que ordenó poner fin a la perforación en el Yasuní, se han cerrado apenas 10 de los 247 pozos petroleros del bloque 43. El cronograma establecía que hasta 2025 debían cerrarse al menos 48.
En el aniversario de esa fecha, los Waorani viajaron desde distintos rincones de la Amazonía hasta Quito, la capital de Ecuador, para exigir a la Corte Constitucional, el máximo tribunal, que se cumpla con el mandato popular. Con pancartas reprochando el incumplimiento del Estado, reclamaron ser escuchados: “No venimos a pedir favores, exigimos que se respete nuestro derecho”, dice Ene Nenquimo, vicepresidenta de la nacionalidad Waorani, durante la marcha y acompañada por un grupo de mujeres Waorani.
Una economía dependiente del petróleo
La decisión del 59% de los ecuatorianos de detener la explotación de petróleo fue un llamado de atención. Ecuador sigue atado a un modelo extractivista que arrastra desde los años 70, con la extracción del primer barril de crudo. El petróleo continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos del país andino. Solo en 2024 se exportaron 126,31 millones de barriles de crudo por 8.646,54 millones de dólares, coronándose entre los tres primeros productos de exportación.
La estructura económica nacional depende prácticamente de recurso: cualquier fluctuación en el mercado internacional impacta directamente en las finanzas del Estado, la provisión de servicios básicos y hasta el funcionamiento de la administración pública.
Sin un plan alternativo a largo plazo, que reemplace la explotación petrolera, el cierre del bloque 43 parece cada vez más lejano. Incluso más que los diez años de resistencia que tomó frenar la explotación del Yasuní.
Una década de lucha, varias irregularidades
La victoria no llegó de la noche a la mañana: tomó más de una década. Comenzó en 2007 con la Iniciativa Yasuní ITT, que buscaba recaudar 3.600 millones de la cooperación internacional a cambio de dejar el petróleo bajo tierra en esta reserva. Países como Alemania, Bélgica e Italia colaboraron en esta iniciativa. Sin embargo, apenas se recaudaron 13,3 millones.
En 2013, el entonces presidente Rafael Correa dio por terminada la iniciativa. Aseguró que “el mundo nos ha fallado”. Pero lo cierto es que, detrás del fracaso, estaba un discurso contradictorio del propio gobierno: por un lado, promover la conservación y, por otro, continuar con la explotación petrolera en otras zonas altamente biodiversas.
La respuesta ciudadana no se hizo esperar: jóvenes, activistas y ciudadanos salieron a las calles a protestar. “Muchas organizaciones y personas empezamos a buscar una alternativa institucional y democrática que permita frenar esta decisión”, cuenta Benito Bonilla, analista político y experto en temas ambientales. Así nació el colectivo ambientalista Yasunidos, que junto con otras organizaciones sociales, presentó ante la Corte Constitucional la propuesta de realizar una consulta popular para que los ecuatorianos decidieran el destino del Yasuní.
El siguiente pasó fue decisivo: recolectar firmas para realizar la primera consulta popular que venía de la ciudadanía. Entre octubre de 2013 y abril de 2014, miles de activistas recogieron 756.291 firmas, más que las 584.000 necesarias. Pedro Bermeo, entonces un joven de 18 años y hoy de 34, recuerda la hazaña logística que significó recorrer el país recolectando firmas.
Pero en un cuestionado proceso de verificación, el Consejo Nacional Electoral anuló más de 400.000 firmas por cuestiones como el color del esfero o el gramaje del papel. “Fue una sensación de mucha decepción. Marcó mi vida para siempre, fue ese momento en el que dije: el Estado nos defrauda”, cuenta Bermeo, coordinar jurídico del colectivo Yasunidos. El sueño de una consulta terminó, y en 2016, comenzó la explotación del bloque 43.
Tuvieron que pasar cuatro años y un nuevo gobierno para que, en 2018, el órgano electoral realice una auditoria en la que reconoció que la verificación de firmas del 2014 fue fraudulenta. Aun así, no fue hasta 2023 que la Corte Constitucional finalmente falló a favor de convocar a la consulta popular, en la que el pueblo ecuatoriano decidió mantener el crudo bajo tierra. Sin embargo, la falta de voluntad política ha estancado esta victoria.
“Que las personas se pueda pronunciar en este tipo de procesos debería ser valioso porque nos dice que es una sociedad consciente, que busca alternativas para resolver problemas”, explica Bonilla. Pero, añade, que el principal problema radica en el Estado que no apuesta por formas alternativas de generar ingresos.
Sin intenciones de parar la explotación
El gobierno ecuatoriano tenía como plazo máximo el 31 de agosto de 2024 para cesar la explotación petrolera, pero eso no ha pasado. El presidente Daniel Noboa ya lo había anticipado meses antes. En una entrevista, planteó aplazar el cierre del bloque 43 del Yasuní ITT para tener ingresos, tras declarar conflicto armado interno.
El anuncio vino acompañado de un informe del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT, que señala que la suspensión de la explotación terminaría en 5 años, hasta 2029. Mientras que el desmantelamiento de la infraestructura y remediación tomará hasta 2039.
“El gobierno no tiene intención de mantener un cierre ordenado. El objetivo es continuar con la extracción mientras los pozos lo permitan”, advierte Carlos Larrea, coordinador del área de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Andina. La medida se ha aplazado año a año y el objetivo del gobierno es claro: aumentar la producción petrolera. En enero de este año, el presidente Noboa propuso elevar la producción petrolera a 580.088 barriles diarios en 2025, cuando el año pasado fue de 475.272.
A esto hay que sumar la exclusión de los Waorani del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní-ITT. Solo está conformada por cinco instituciones: la estatal petrolera, Petroecuador; el Ministerio de Energía; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos—estos dos últimos eliminados el pasado por el presidente—.
“El Estado sin consentimiento crea una comisión y no nos llama, como nacionalidad Waorani para ser parte”, cuestiona Ene Nenquimo, vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). Para expertos como Larrea, esto se traduce en una falta de un mecanismo que permita dar seguimiento al proceso. “El problema de fondo es que el acceso de grupos independientes no está permitido y todos tenemos que confiar en la palabra de Petroecuador”, apunta Larrea.
Mientras tanto, las comunidades indígenas que viven de cerca la explotación petrolera exigen una sola cosa: su derecho vivir en condiciones dignas en su territorio, su casa.